El 7 de febrero de 2020 Patrick George Zaki, un estudiante egipcio en la Universidad de Bologna que había vuelto a Egipto para visitar a su familia, fue arrestado en el aeropuerto de El Cairo tras haber sido expedida contra él una orden de detención en septiembre de 2019 de la que no tenía constancia. Este fue el comienzo de una serie de acontecimientos que provocaron un gran revuelo y numerosas protestas que pedían la liberación del joven y demandaban que el Estado egipcio respetase los valores democráticos y los Derechos Humanos fundamentales. El caso conmocionó a las instituciones y, especialmente, a la sociedad civil europea, ya que afectaba a un joven que, a pesar de no ser un ciudadano europeo, vive y estudia en Europa. Su arresto representa la situación de otros miles de prisioneros y ciudadanos egipcios que, desde la llegada del presidente Abdel Fattah Al-Sisi en 2013, han visto su libertad de expresión y sus libertades individuales progresivamente limitadas por un régimen extremadamente represivo.
El caso de Patrick Zaki. El arresto y la encarcelación
Patrick Zaki, de 28 años, se trasladó a Europa para estudiar el Máster Erasmus Mundus en Estudios de Género y de la Mujer, financiado por la Comisión Europea y en el que están implicadas siete universidades en seis Estados europeos miembros, incluyendo la Universidad de Bologna. Durante la noche del 6 al 7 de febrero, Patrick fue arrestado en el aeropuerto de El Cairo por la Agencia de Seguridad Nacional Egipcia que, tras hacerle desaparecer durante más de un día, lo transfirió a la prisión de Mansura, la ciudad de nacimiento del joven, donde comenzó su detención preventiva.
El arresto se debía a una orden de detención de septiembre de 2019 interpuesta tras la publicación de unos posts por parte del joven en su perfil de Facebook, los cuales la defensa declaró falsos. Los cinco cargos contra Zaki son: propagar noticias falsas que socavan el orden social, incitar a protestas ilegales, subversión contra las autoridades egipcias, amenazar la seguridad nacional y promover propaganda terrorista. Por este tipo de cargos y si el juicio fuese confirmado, el estudiante se enfrentaría a una sentencia de entre 13 y 25 años de cárcel. Giada Rossi, amiga y compañera de clase de Patrick, nos dice que: “pese a ser consciente de la situación en su país, Patrick no esperaba ser perseguido, no estaba preocupado”. Además, Patrick no habría regresado a Egipto si se hubiera imaginado qué había de pasar. Su arresto parece deberse principalmente a su colaboración con la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (Egyptian Initiative for Personal Rights, EIFR), una ONG que se encarga de la defensa de los derechos fundamentales en Egipto. Sus abogados han confirmado que durante su primer interrogatorio los policías le preguntaron insistentemente sobre sus vínculos con la familia de Giulio Regeni, con la cual Patrick nunca había tenido contacto.
Desgraciadamente, como es habitualmente el caso y como temían desde el principio los observadores internacionales y activistas defensores de los Derechos Humanos, la ausencia de progeso decisivo en el proceso de investigación ha supuesto que el arresto preventivo fuese renovado cada 15 días hasta el comienzo de marzo. Con el comienzo de la emergencia sanitaria de la COVID-19, Patrick se encontró enfrentado a la imposibilidad de entender o predecir su destino debido a la suspensión de toda la actividad jurídica en el país. Mientras espera a la siguiente vista, confirmada para el 21 de abril si no se atrasa o cancela otra vez, es importante mantener la relevancia del caso.
Desde el comienzo, el caso parece haber presentado muchos de los elementos preocupantes que caracterizan el tratamiento reservado a los prisioneros políticos bajo el régimen de Al-Sisi. Tras su arresto, Patrick desapareció durante más de 24 horas y su arresto no fue formalizado hasta el 8 de febrero. Según sus abogados, el joven fue primeramente encerrado en una sala de la Agencia de Seguridad Nacional en el aeropuerto, donde fue torturado durante más de 17 horas mediante palizas y electroshocks. Samuel Thabet, uno de los abogados de Patrick, declaró que los signos de palizas en su cara eran perceptibles a simple vista.
Tras ser trasladado a la prisión de Mansura, su encarcelamiento comenzó sin ningún respeto hacia los derechos fundamentales establecidos por la ley internacional. Se ha denunciado que Patrick fue interrogado tras haber sido encerrado en una celda con otros 35 prisioneros y tan solo un baño. Tras la vista del 22 de febrero, durante la cual se confirmó la detención preventiva de Patrick por segunda vez, Zaki fue transferido sin notificación previa al centro de detención de Tora, en la capital, donde sigue hasta la fecha. La prisión de Tora es tristemente conocida como el lugar donde se encuentran buena parte de los más de 60.000 prisioneros políticos que se oponen al regimen del presidente al-Sisi. Por suerte, tras algunos momentos de preocupación, los abogados de Patrick comunicaron que el chico no se encuentra en el ala de máxima seguridad, conocida como el ala “Escorpión”.
Sin embargo, nadie ha podido contactar con él u obtener información sobre su estado de salud. De esta manera, el nivel de preocupación se mantiene alto debido a la falta de novedades sobre su estado, ya que el estudiante padece problemas respiratorios y se cree que en la prisión de Tora las medidas preventivas de anti-infección no son respetadas en lo más mínimo. Como explica Giada Rossi: “No hemos recibido ninguna noticia desde el 9 de marzo. No ha podido ver a sus abogados ni contactar con sus padres y todas las vistas han sido pospuestas. La situación no podría ser mejor para Egipto.”
Así, por el momento las condiciones y el destino de Patrick parecen destinadas a permanecer inciertas, ya que la actual suspensión de actividades debido a la pandemia del Coronavirus irónicamente favorece la práctica arbitraria y controvertida de la detención preventiva en Egipto.
El juicio parece estar basado en presuposiciones ambiguas que, según los defensores de Patrick, fueron fabricadas por las mismas autoridades egipcias. De hecho, hay muchos elementos que generan contradicciones en la investigación. En primer lugar, la orden de detención que incriminaba al estudiante fue supuestamente expedida en septiembre de 2019, pero Patrick nunca fue notificado. Sobre la propia orden, Zaki mantiene que el perfil de Facebook sobre el que se basa la evidencia incriminatoria es falso y no es suyo. En segundo lugar, el informe sobre su detención podría haber sido falsificado ya que declara que Patrick fue arrestado el 8 de febrero en un puesto de control en Mansura, su ciudad natal; no obstante, se ha confirmado que la Seguridad Nacional le arrestó al llegar al aeropuerto de El Cairo la noche anterior. Esta incongruencia de alrededor de 30 horas parece ocultar el tiempo durante el cual Patrick desapareció y durante el cual él mismo declara haber sido interrogado y torturado. Además, este tipo de encarcelamiento, pese a su uso intensivo por el Fiscal Supremo de Justicia de Egipto, solo debería ser aplicado según el Código Penal egipcio en casos muy concretos y con motivos específicos: criminales pillados in fraganti o si existe la posibilidad de que las pruebas fueran contaminadas. La situación de Patrick no parece encajar en ninguno de estos casos ya que, como Giada Rossi nos recuerda: “las autoridades no tienen nada contra él a parte del supuesto perfil de Facebook”.
Por su parte, los medios de comunicación egipcios han sido ferozmente críticos con Patrick Zaki, describiéndole como un terrorista y un homosexual subversivo y degenerado —debemos recordar que es un crimen en Egipto—, con la intención de aislarle. Muchos periódicos nacionales han intentado desviar la atención del caso en Europa, declarando que se trata de un asunto de las autoridades egipcias ya que concierne a uno de sus propios ciudadanos. Giada quiere aclarar que: “Patrick no estuvo involucrado en el activismo en Bologna. Es, sin duda, una persona muy consciente y educada. Siempre dice que quiere interaccionar con la gente y trabajar con y para los derechos humanos y de las minorías. El retrato pintado por los medios de comunicación egipcios no podría estar más alejado de la verdad. Incluso en el plano político, nunca ha asumido posiciones subversivas o violentas. Verdaderamente es una buena persona.”
En Italia, como resultado del secuestro y el asesinato de Giulio Regeni —lo cual sucedió hace ya más de 4 años pero sigue sin resolver— hemos tenido la oportunidad de ver el fuerte dominio autoritario del régimen de Al-Sisi. Hoy en día el tema, todavía candente en Italia, se está volviendo a expandir por la Unión Europea, donde Patrick estudiaba, vivía y cultivaba amistades duraderas. El caso de sus derechos brutalmente violados ha quedado grabado no solo en la consciencia de la sociedad italiana, sino también en la de muchos otros jóvenes europeos que se han visto repentinamente sumergidos en el día a día del régimen de Al-Sisi, cuya indiferencia hacia los derechos humanos fundamentales es tristemente muy conocida para sus ciudadanos y aquellos involucrados en los asuntos egipcios. Así, esta es una oportunidad para que la UE exiga acción y se coordine para actuar concretamente en la defensa de sus principios fundacionales para parar las comunes violaciones y métodos antidemocráticos en Egipto.
Bologna, el alma mater de Patrick, reaccionó inmediatamente a su desaparición. Hablamos sobre la posición de la universidad con Domitilla Brandoni, doctoranda en matemáticas en la Universidad de Bologna y representante de los estudiantes doctorales en el Consejo de Estudiantes y el Consejo de Gobierno. Domitilla recuerda que solo 10 días después del arresto, la universidad organizó una protesta en la Piazza Maggiore en Bologna. La universidad y la ciudad, representadas por el rector y el alcalde, participaron en ella junto con muchos otros grupos de la sociedad de Bologna. El gran alcance y participación de la protesta fueron indudablemente fuertes señales pero inmediatamente después, como lo confirmó también Giada Rossi, la acción colectiva comenzó inevitablemente a debilitarse por la pandemia de la COVID-19. Como destaca Domitilla, en estos casos la acción más importante que el público puede llevar a cabo es mantener la relevancia mediática e institucional del caso, algo que se ha ido haciendo imposible con la crisis sanitaria. A pesar de que en las primeras instancias la Universidad de Bologna respondiera contundentemente a la situación de Patrick inmediatamente escribiendo un comunicado a otras universidades pidiendo la liberación de su estudiante, Domitilla informa que el seguimiento del caso no consiguió cumplir las expectativas, ya sea debido a la COVID-19 o a la falta de una visión colectiva a largo plazo sobre el caso. Como representante para ADI (Asociación de estudiantes doctorales en Italia) en Bologna, Domitilla llevó, a finales de marzo, al Consejo de Gobierno una petición para que la universidad lleve a cabo una acción más contundente para la liberación de Patrick. De hecho, la universidad de origen de Patrick tiene la potestad de suspender acuerdos con universidades, negocios y entidades públicas y privadas que operan en suelo egipcio, acuerdos que se han mantenido hasta ahora puesto que las administraciones académicas los consideran un “puente” con el país, sin tener nada que ver con el arresto y detención de Patrick.
No obstante, en la petición Domitilla considera que esto no es del todo cierto: en Egipto, los rectores son nominados directamente por el gobierno y los estudiantes son arrestados si expresan opiniones diferentes a las del régimen. En Egipto, las universidades no son un bastión contra el autoritarismo: investigadores y profesores no son libres de pensar y escribir y, por tanto, cualquier supuesto “puente cultural” con universidades italianas es efímero. Por estas razones, la ADI en Bologna pidió que la Universidad de Bologna allane el camino para suspender acuerdos con sus socios egipcios, considerando que esta es la única acción de impacto posible junto a que esta iniciativa sea compartida con otras universidades italianas y europeas.
La respuesta a la petición todavía no ha sido hecha pública, pero Domitilla destaca que este es el momento para demandar con gran determinación la liberación de Zaki. Algunos países arabes, incluso aquellos gobernados por regímenes altamente autoritarios, han pedido la liberación de miles de prisioneros acusados de crímenes menores de las sobrepobladas prisiones con el fin de contener la creciente pandemia. Egipto es el único país del norte de África que no ha impuesto ninguna medida, dejando a los prisioneros hacinados y arriesgando el contagio masivo y el surgimiento de serios rebrotes. Desacelerar la acción durante este período es extremadamente peligroso, según Domitilla, que también considera que el empuje inicial debe venir de la Universidad de Bologna.
Giada también ofrece más ejemplos del deseo de ser escuchados y sobre cómo lo están intentando en diversos frentes: “Con amigos y conocidos de Patrick estamos intentando movilizarnos y organizarnos conjuntamente. Algunos de nosotros vivimos en España, otros en Alemania, Egipto u otros países. Estamos intentando sobre todo, junto a abogados profesionales, llamar la atención sobre la situación —por ejemplo, a través de una petición lanzada en change.org y la protesta en Piazza Maggiore—, empezando por Bologna y después pretendiendo involucrar a otras ciudades y universidades en Italia y el extranjero. Una iniciativa llamada “Voices for Patrick” acaba de ser iniciada por compañeros de clase de la Universidad de Granada —la coordinadora de nuestro Máster— en la cual artistas contarán la situación de Patrick a través de exhibiciones y representaciones.” Y añade: “Especialmente durante este tiempo de cuarentena en el cual el virus predomina, tenemos que encontrar nuevas formas de activismo, para movilizar y comunicar”.
El juicio contra Patrick Zaki no es ninguna excepción para la población egipcia, pero sí lo es para la sociedad europea. Como destaca Riccardo Noury, portavoz de Amnistía Internacional Italia: “el objetivo de la detención preventiva prolongada es detenerlos hasta que sean olvidados”. Esto no debe suceder y las autoridades y sociedades europeas son una vez más responsables de lo que acabe por suceder.
El sistema judicial paralelo. La defensa de la seguridad nacional y la eliminación del desacuerdo
Para entender la organización represiva y totalitaria del autoritarismo de Al-Sisi en su totalidad, es útil ilustrar la naturaleza y el funcionamiento de los órganos jurídicos que se encargan de la seguridad nacional. Este sistema ha sido minuciosamente analizado por Amnistía Interncional en su informe “Permanent State of Exception”, en el que el sistema es definido como una suerte de sistema judicial paralelo que opera para eliminar todas las formas de discrepancia mediante desapariciones, convicciones y oscuridad judicial.
En la cima de la estructura se encuentra la llamada Fiscalía Suprema de Seguridad Estatal (Supreme State Security Prosecution, SSSP), la autoridad judicial que ha sido asignada para investigar los casos que conciernen a la seguridad nacional. Una fuerza policial especial llamada Agencia de Seguridad Nacional y los juzgados de antiterrorismo trabajan junto a la oficina del fiscal. Esta tríada, que trabaja independientemente de otras instituciones judiciales, fue enormemente fortalecida nada más llegar Al-Sisi al poder en 2013. En particular, la tríada fue fortalecida con la promulgación de la ley de antiterrorismo de 2015, la declaración del estado de emergencia en 2017 —que ha sido repetidamente renovado desde entonces— y el referéndum de septiembre de 2019. Todos ellos atribuyen una mayor discreción y una gran capacidad de acción a la Oficina del Fiscal Supremo, estrechamente vinculada con el presidente egipcio.
La detención preventiva es una práctica muy expandida en Egipto y, como han demostrado Amnistia y muchos otros organismos humanitarios, está justificada por acusaciones de terrorismo que a menudo no son más que maneras de obstaculizar a protestantes, estudiantes e investigadores que no se alinean con la agenda política del presidente. Este tipo de custodia, bajo la SSSP y aplicable durante un período de tiempo que oscila entre los 15 días y un máximo de 150, puede ser prolongado más allá con la aprobación del juzgado de antiterrorismo responsable del caso. La posibilidad de interrumpir este patrón es incierta, ya que la evaluación de las posibles apelaciones del acusado dependen de los mismos jueces de la Oficina del Fiscal Supremo. Los expertos de Amnistía han revelado que, para los casos estudiados, la duración media de la detención preventiva es de 345 días, con un sorprendente máximo de 1263 días. En la mayoría de casos, los prisioneros no fueron informados de sus derechos personales y no les estuvo permitido hablar con sus representantes legales en el plazo establecido por la legislación egipcia.
La flagrante negación del derecho a un juicio justo es acompañada de violaciones de los derechos humanos relacionados con los métodos de encarcelación, investigación e interrogación. Amnistía y otras organizaciones especializadas en la defensa de derechos fundamentales han denunciado el uso sistemático de torturas y métodos de coerción y extorsión en las prisiones egipcias, en particular, por parte de la Agencia de Seguridad Nacional. A pesar de los innumerables informes de individuos y organismos, ninguna investigación ha sido realizada por la Oficina del Fiscal Supremo contra las fuerzas policiales. Frente a este tipo de estructura y tales evidencias, no es difícil ver cómo el poder de estos cuerpos fue canalizado en un sentido reaccionario y represivo para eliminar toda forma de discrepancia con el régimen que, según algunos estudios, podría ser responsable de la desaparición de alrededor de 800 personas solo en 2019.
Este tipo de práctica afecta principalmente a jóvenes militantes de organizaciones y movimientos todavía hoy declarados grupos terroristas por el gobierno, pero también afecta, como muestran las historias de Patrick Zaki y Giulio Regeni, a individuos que no están directamente involucrados en cuestiones políticas, con el fin de crear un clima de terror que garantice el apoyo monolítico y silencioso al régimen. Ni siquiera los menores se libran de este cruel razonamiento. Human Rights Watch ha documentado casos de al menos 20 menores de entre 12 y 17 años encarcelados y torturados, casi todos a manos de la Agencia de Seguridad Nacional.
A la luz de esta descripción no es sorprendente el hecho de que hoy Patrick esté en prisión. Al mismo tiempo, la preocupación por su condición y destino crece enormemente y debe de conducir a acciones concretas más allá de las simples declaraciones de solidaridad. La situación de Patrick es europea, no nacional. Nos concierne a todos como ciudadanos europeos y nuestra respuesta debe ser sustancial y cohesionada.
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