Bajo el pretexto de luchar contra el coronavirus, la Ley de emergencia que Orbán ha presentado ante el parlamento otorga al gobierno poderes excepcionales. Hasta ‘el fin de la emergencia sanitaria’ (una fecha sin especificar) permite el gobierno por decreto a expensas de cualquier ley existente (incluida la Constitución), disuelve el parlamento y prohíbe las elecciones locales (ya programadas) y los referéndums. Asimismo, modifica el código penal : sanciona la diseminación de ‘noticias falsas’ sobre la epidemia con hasta cinco años de cárcel, y la ‘obstrucción’ de ‘medidas’ contra el virus con hasta tres.
Todo esto, en un contexto en el cual la capacidad de control judicial, legislativa y mediática es mínima : tanto el parlamento como los tribunales, sin ir más lejos, han cerrado a causa de la epidemia, y la prensa ve reducido, más aún, su escaso margen de maniobra. Orbán, escribe Kim Lane Scheppele, ha ‘suspendido’ la democracia húngara, mientras sus fieles, como el jurista Miklós Szánthó, acusan a la oposición ‘globalista’ y ‘anti-estatal’ de querer ‘sembrar el pánico’ criticando el proyecto de ley.
La Ley de emergencia de Orbán no solo atenta contra los valores que, según el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), fundamentan la Unión Europea – la libertad, la democracia, el Estado de derecho o los derechos de las minorías. También pone en evidencia, nuevamente, los límites de una Unión Europea que, desbordada por las crisis, carece de las competencias necesarias para hacer cumplir sus propios textos fundamentales.
El Artículo 7 del TUE, el mecanismo que permite sancionar a un Estado Miembro por violar los ‘valores básicos’ de la Unión, ha demostrado, en repetidas ocasiones, ser ineficiente : al requerir la unanimidad del Consejo, ha bastado una alianza abierta entre el nacional-catolicismo polaco y el ‘iliberalismo’ húngaro para vaciarlo de significado alguno. Y los esfuerzos de la Comisión han sido duramente castigados por dichos gobiernos : el que fuera el encargado de frenar la reforma judicial polaca de 2015, el vicepresidente Frans Timmermans, perdió de la presidencia de la Comisión en 2019 – vetado, precisamente, por Polonia y Hungría.
Los casos de Polonia y Hungría ilustran la paradoja que rodea al Estado de derecho europeo : dos gobiernos que incumplirían los criterios de Copenhague – los requisitos para acceder a la UE – están impidiendo a la Unión Europa defender sus valores, dejando desprotegidos, como ha denunciado el Parlamento Europeo en repetidas ocasiones, a diez millones de húngaros y a 38 millones de polacos. Todo ello, debido, en gran parte, a la rigidez de los propios Tratados, producto del escepticismo histórico de dirigentes como Charles de Gaulle hacia el supranacionalismo.
En 1928, Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de Hitler, escribía que su partido buscaba entrar en el Reichstag para ‘luchar contra la democracia con sus propias armas’ y ‘paralizar el espíritu de Weimar desde dentro’ : ‘si la democracia es tan tonta como para ayudarnos, allá ellos’, añadía. La Ley de emergencia de Viktor Orbán, pone en jaque la credibilidad de Europa como garante del Estado de derecho. También pone a Ursula von der Leyen, que hasta ahora ha preferido evitar un choque frontal con ambos gobiernos, ante una situación insostenible.
Los límites de Europa han vuelto a quedar retratados, pero deben ser vencidos. La Conferencia sobre el Futuro de Europa debe hacer lo imposible para sobreponerse a las reticencias de algunos Estados Miembros y adaptar la Unión Europea a un contexto geopolítico menos solidario y más aislacionista. Establecer procesos de decisión más flexibles y reducir la capacidad de veto de los Estados Miembros no la debilitará, como se ha sugerido, sino que asegurará un funcionamiento más eficaz, respetando sus valores fundacionales y castigando violaciones de derechos fundamentales como las de Viktor Orbán o Jarosław Kaczyński. El Estado de Derecho, al fin y al cabo, no debe ser solamente protegido : deber ser visto como protegido.[itself] with democracy’s weapons.’ ’If democracy is foolish enough to give us free railway passes and salaries’, he added, ’that is its problem’. Viktor Orbán’s Emergency Law is an intolerable affront to the European project as a whole - one which forces Ursula von der Leyen, who has thus far sought to avoid a direct clash with Warsaw or Budapest, to show her cards once and for all.
The Union’s Achilles heel has once again been exposed. As the Article 7 procedure shows, it is largely the result of the Treaties’ rigidity, itself a product of a historic skepticism towards supranationalism, most famously espoused by Charles de Gaulle. Yet said limits have to be overcome. Whatever the reticence of some Member States, the Conference on the Future of Europe has to ensure the Union adapts to an increasingly isolationist geopolitical context - even within the European Council itself.
Establishing more flexible decision-making processes, and reducing the veto capacity of individual Member States, will not weaken the Union, as has been argued. Instead, it will ensure it functions at its most effective, upholding its values and punishing the repeated fundamental rights violations of Viktor Orbán or Jarosław Kaczyński. The Rule of law, after all, must not only be protected : it must be seen to be protected.
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