Una cosa que a menudo me ha sorprendido en los debates sobre el Estado de Derecho y el retroceso democrático es lo mucho que la atención se ha puesto sobre Europa Central y del Este y lo poco, por no decir nada, que se ha puesto en Europa Occidental.
Esta falta de atención a los casos en los que las libertades civiles se ponen en riesgo en los países de Europa Occidental a menudo genera una imagen distorsionada de nuestro continente. En esta perspectiva fantasiosa, Europa Occidental aparece representada como un baluarte de sana tradición democrática, mientras que lo que se conoce como la ‘Nueva Europa’ al este del ya desaparecido Telón de Acero no es otra cosa que un nido de autoritarismo y ultraconservadurismo.
Ahora bien, eso es así hasta cierto punto - aunque las democracias de Europa Occidental generalmente se sitúan mejor, algunos países de la antigua órbita soviética son ejemplos de democracias sanas (como el 85% de clasificación democrática de Estonia en el informe Naciones en Tránsito 2020 de Freedom House). Pero no deberíamos olvidar que el retroceso democrático puede producirse en cualquier lugar e iniciarse con la menor de las medidas. Incluso el primer ministro húngaro Viktor Orbán fue una vez considerado la joven esperanza liberal húngara y el país ha caído en una ruptura democrática bajo su liderazgo.
Este artículo intentará ir más allá de la imagen distorsionada que se pueda tener sobre el divergente estado de la democracia entre Europa Oriental y Occidental. Proporcionará algunos detalles sobre tres estados miembros del occidente de la UE donde el respeto a los derechos fundamentales está en entredicho.
Francia: represión de la ayuda a migrantes y brutalidad policial
Francia ha estado experimentando un destacado problema de brutalidad policial. El problema está tan profundamente asentado en las estructuras estatales francesas que en 2018, el mismísimo responsable de seguridad del presidente Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, fue visto golpeando a manifestantes durante el primero de Mayo en París, causando gran malestar social.
Aquel episodio, aunque significativo, no es uno aislado. La violencia policial ha ido en aumento de forma descontrolada en el país. En el Día de la Mujer del año pasado, los agentes utilizaron gas lacrimógeno contra grupos de manifestantes además de aplicar la violencia física contra los mismos. El pasado noviembre, fuerzas policiales desmantelaron un campamento de refugiados afganos situado en la parisina Place de la République utilizando gas lacrimógeno.
En los últimos años, diversas personas han sido encausadas en Francia por cuestiones como la ayuda a migrantes en peligro o denunciar la brutalidad policial. En 2018, un grupo de residentes de los Alpes fueron condenados tras ayudar a un grupo de migrantes a cruzar la frontera ante el acoso de activistas de extrema derecha. El mismo año, un activista por los Derechos Humanos fue encausado por filmar a agentes de la policía mientras agredían a un grupo de migrantes y voluntarios en Calais.
Lejos de solucionar estos problemas, el gobierno francés ha estado trabajando en una ley de seguridad que ha sido criticada por la ONU debido a la incompatibilidad con el respeto a los DDHH de algunos de sus preceptos. Uno de los asuntos más preocupantes era el concerniente a la prohibición en la publicación de imágenes de abusos por parte de agentes de policía y la implementación de videovigilancia masiva.
España: libertad de expresión bajo asedio
Desde la década de 2010, las autoridades judiciales y fuerzas policiales españolas han puesto la libertad de expresión bajo presión. Durante la década pasada, a menudo las autoridades han utilizado leyes antiterroristas para enjuiciar a usuarios de redes sociales y artistas bajo acusaciones de “apología del terrorismo” y “humillación a las víctimas del terrorismo”. En 2017, una tuitera de 21 años fue condenada a un año de cárcel tras publicar en dicha red social una serie de chistes sobre el asesinato en 1973 del Almirante Carrero Blanco, el segundo cargo más importante en la dictadura franquista. En 2016, una pareja de titiriteros fue sometida a un largo proceso judicial por una obra que interpretaron en un parque de Madrid y que incluía referencias al grupo terrorista ETA.
A pesar de los ejemplos anteriores, no todas las causas relacionadas con el terrorismo han acabado en desestimaciones. El pasado mes, el rapero catalán Pablo Hasel fue encarcelado tras ser condenado a nueve meses de cárcel por el contenido de una de sus canciones y una serie de opiniones publicadas en Twitter. Esta no es la primera vez que un rapero es sentenciado a prisión. En 2018, el rapero Valtònyc (Josep Miquel Arenas) consiguió escapar de su Mallorca natal hacia el exilio en Bruselas tras ser condenado a tres años y medio de cárcel por sus letras, que incluían críticas a la monarquía española y a la corrupción política sistémica.
Estos casos de encausamiento y encarcelamiento se enmarcan en el cuadro más amplio de represión a la libertad de expresión, tras la aprobación de legislación como la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida como la “ley mordaza” y que ha criminalizado la organización de manifestaciones sin autorización previa ante edificios públicos y ha castigado con multas severas la publicación de fotografías de agentes de policía. Esta ley se ha aplicado de forma extensa durante la crisis de la COVID-19 para aplicar los confinamientos y ha supuesto la interposición de más de 600.000 multas solamente durante el período de marzo a abril de 2020.
Italia: criminalización del rescate en alta mar y creciente violencia contra migrantes
Desde el momento cumbre de la crisis migratoria en 2015-2016 y la llegada masiva de migrantes a las costas italianas, las autoridades del país se han mostrado cada vez más deseosas de encausar y reprimir a aquellos individuos y organizaciones involucradas en operaciones de rescate en el mar.
Solo el año pasado, la tripulación de la nave Iuventa se enfrentó a penas de 20 años de cárcel por su asistencia y rescate de más de 14.000 migrantes abandonados en el mar, acusados de complicidad con redes de tráfico de personas. La tripulación de la Iuventa no ha sido la única, ya que las tripulaciones de la Vos Hestia y la Vos Prudence se están enfrentando a acusaciones similares en estos momentos.
Además de perseguir las operaciones de rescate en el mar, Italia ha experimentado un aumento en la violencia contra los migrantes, tendencia que se produjo principalmente durante el mandato de Matteo Salvini como ministro del interior. En 2018, se registraron una serie de ataques y asesinatos en el país, con migrantes como objetivo pero también integrantes de minorías como los romaníes.
Estos ‘casos de estudio’ no son una lista extensa de todos los defectos que plagan las democracias y ponen en peligro los derechos fundamentales en Europa Occidental. Podríamos hablar largo y tendido sobre cómo la acusación de ‘ofensa a los sentimientos religiosos’ es utilizada para criminalizar movimientos sociales en España, sobre el carácter plenamente ilegal del aborto en Malta, o incluso de la falta generalizada de recursos destinados al sistema judicial en muchos países. Y aunque todos estos ejemplos se alejen de ser una lista detallada, posiblemente nos ayuden a reflexionar sobre el mito en el que Europa Occidental se erige como caballero de brillante armadura que protege de forma imperturbable la democracia y las libertades civiles.
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