La Justicia: común denominador

El pasado 27 de marzo, la Comisión Europea comunicó su pretensión de ampliar el ámbito de aplicación del análisis sobre los sistemas judiciales de los Estados miembros, que, para sorpresa de todos, ofrece unos resultados sobre los que deberíamos reflexionar. Se trata de una herramienta titulada “Indicadores Europeos de la Justicia” que surge en el marco del Semestre Europeo actual para fomentar y dinamizar nuestros sistemas judiciales, que al mismo tiempo, se integra en el proceso de coordinación de las políticas económicas europeas para la salida de la, ya familiar, crisis. Respecto a España, la Comisión ya recomendó la lucha contra el desempleo juvenil, el aumento de la edad de jubilación, reducir el déficit, liberalización de servicios profesionales, lucha contra la pobreza, y todo eso que tan bien sabemos los españoles.

La Justicia es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que es un pilar fundamental de nuestro Estado social y democrático de Derecho. Compartimos junto con los Estados miembros de la Unión Europa ese valor, esa omega de la Democracia europea. Y ciertamente, dime cómo de justo eres y te diré quién eres, pues, la Justicia es el reflejo del alma en cualquier Estado de Derecho que se precie.

La Justicia es un atractivo, es un elemento fundamental de la Marca Europa, y por ende, de las diversas marcas nacionales. ¿Por qué? Porque la Justicia y la forma en la que cada Estado la administra es un plus a la hora de la inversión así como de la confianza que emana de nuestros países. La Unión Europea pretende, por lo tanto, propiciar un entorno más receptivo para el desarrollo económico y empresarial.

Un sistema judicial eficaz es crucial para el crecimiento

Con esta afirmación, la Comisión Europea pone de manifiesto que las carencias y las deficiencias de los sistemas judiciales de los Estados miembros de la UE no son sólo cuestiones de preocupación doméstica, sino que deben preocuparnos a todos ya que indirectamente afectan al Mercado Único.

Cierto, volvemos de nuevo a la Economía y al Mercado, a la economización del Derecho, pero considero que forma parte del proceso de globalización en el que nos encontramos inmersos desde mucho antes de que yo naciera incluso. El Estado de Bienestar que promueve Europa desde la segunda mitad del siglo XX precisa de la libertad de empresa a la par que de un Estado intervencionista en la economía para, precisamente, garantizar la Justicia e Igualdad en ese sector social del que depende el desarrollo, progreso y empleo de nuestras sociedades.

Según estos indicadores, la duración de los procedimientos judiciales varía considerablemente según los Estados miembros de la UE. Controversia: a menor resolución de litigios, más ralentización del sistema judicial y mayor desconfianza para las empresas ante la acumulación de casos pendientes. Por otra parte, los medios e instrumentos de supervisión judicial, más allá de la debida transparencia institucional y equilibrio de poderes, mejoran la propia administración de Justicia. Controversia: no todos los Estados miembros presentan índices aproximados, los indicadores demuestran que muchos de ellos dejan esta cuestión en la trastienda (destaca especialmente Malta).

Asimismo, del estudio destacan las alternativas que se ofrecen para resolver conflictos. Destacan la mediación, el arbitraje o la conciliación, tan de moda en los últimos años, que benefician a los dos índices anteriores ya que agiliza la resolución de casos judiciales y mejora el control y la transparencia al reducir la cantidad a evaluar. Controversia: es un reflejo de los valores democráticos y de diálogo, pues cierto es que hay sociedades más “pleiteras” que otras, es decir, que prefieren resolver los conflictos por medio del pacto o de la mediación para evitar costes así como el propio proceso judicial. Según el estudio, la mayoría de los Estados miembros ofrecen dichos métodos aunque con carencias en materia mercantil.

¿Cómo nos ven las empresas?

Estos indicadores también ofrecen la visión que las empresas litigantes tienen respecto de la independencia de los sistemas judiciales nacionales. A mi juicio, es una de las principales comparativas donde mayor diferencia de valor existe. ¿Adivináis qué países son considerados los más independientes? Pues a la cabeza se encuentra Finlandia, seguida de los Países Bajos, Irlanda, Alemania, y Suecia. Estos países se encuentran además entre los 10 “más independientes” según el Foro Económico Mundial. Le siguen Reino Unido, Dinamarca y Luxemburgo. A la cola está Grecia, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia. ¿Y España? Pues ocupa un vergonzoso 60º lugar a nivel mundial, por detrás de Polonia, Chipre y Malta.

Además en materia mercantil los resultados no son nada esperanzadores, salvándose Dinamarca, Suecia, Países Bajos, Alemania y unas empatadas Finlandia y Estonia entre los diez primeros puestos a nivel mundial. España se sitúa en la 29º posición. Hay que destacar que la Comisión muestra su preocupación por el bajo nivel de percepción de independencia judicial que muestran los Estados miembros.

Cabe añadir la valoración que la Comisión hace al respecto del anterior periodo de análisis en 2012, en el que se determinó que Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Letonia y Polonia tenían dificultades especialmente en la duración de los procedimientos judiciales y la organización de la Justicia. En Grecia, Portugal, Letonia e Irlanda se llevan a cabo reformas judiciales como parte del programa de ajustes y recortes que la Troika ha impuesto. En el club de los malos alumnos se salva, de momento, España. ¿La próxima? No dejemos de contemplar las reformas que el ministro Gallardón pretende llevar a cabo. ¿Son reflejo de taleconomización del Derecho?

conclusiones

A tenor de todo lo anterior extraigo las siguientes conclusiones:

1. La Unión Europea debe continuar en su labor por la cohesión y unión en todos los niveles de vida de la ciudadanía europea, y eso implica, por supuesto, la Economía, la Empresa y la Competencia.
2. Resulta curioso que los países más aireados en esta crisis sean aquellos que poseen una mejor imagen de transparencia e independencia judicial. Quizá la campaña de marketing e imagen constante en materia de solvencia tenga relación indirecta con la percepción.
3. El estudio destaca la cuestión de los tribunales que resuelven casos entre los particulares y la Administración (administrative law cases), o lo que para nosotros viene siendo lo contencioso-administrativo. A pesar de que lo mercantil y lo relativo a las empresas es propio de un Derecho privado, patrimonial y especial, en ocasiones éstas se relacionan con la Administración pública, sobre la que la Unión Europea sí puede actuar de manera más directa que en los derechos nacionales. Cierto es que existen directivas e intentos de armonización, pero la UE debería fomentar una mayor unidad en procedimientos administrativos de concesión, licencias, permisos, gestión o conciertos, entre otros.
4. La inversión en Europa es importante y necesaria para avanzar contra la recesión. Ahora bien, si sólo se busca la inversión per se pero olvidando el fin primordial de la misma como la creación de empleo y de fomento políticas sociales, nos encontraremos de nuevo ante algo inútil para la ciudadanía. Por tanto, la UE debería mostrar un mayor compromiso al respecto. ¿Para cuándo indicadores y estudios sobre el avance en políticas sociales y de comparativa al mismo nivel que éste?

En definitiva, nos encontramos, de nuevo, ante la paradoja de la UE: mayor unión en un plano que, si no se realiza de manera armonizada, puede suponer mayor desigualdad en la cara inversa. Mantengamos la confianza.