La UE no nos engaña: está secuestrada

Centrémonos en las cifras, que pueden ofrecer una visión objetiva, alejada de posicionamientos políticos. La UE cuenta con un presupuesto que equivale al 1% del PIB de toda la eurozona. Por tanto, de cada 100 euros que genera el continente en riqueza, uno de ellos se destina a los servicios y costes de la administración comunitaria. Se trata de un gasto progresivo que afecta a los países según su riqueza. En el caso de España se aporta alrededor de 0.70 de cada 100 euros. No parece mucho, ¿cierto? ¿Alguien se imagina que en España los impuestos fueran del 1% en cada nivel administrativo?

Ya vemos que la UE no nos cuesta mucho a los europeos. Pero, ¿cuánto son esos gastos? ¿Recibimos más de lo que pagamos? El gasto administrativo de la UE es del 6%. Eso significa, que de cada euro que enviamos a Bruselas solo seis céntimos se dedican a pagar nóminas, pensiones, complementos salariales y gastos de infraestructura, dedicando los noventa y cuatro céntimos restantes a proveer servicios comunes a todos los Estados Miembros. Por comparar de nuevo con España, esta invierte al menos un 25% del gasto público solo en pagar a sus funcionarios.

Vemos por tanto que los argumentos euroescépticos sobre el coste de la UE para los ciudadanos son una quimera.

Veamos ahora la tan famosa crítica al alto nivel de vida de los burócratas europeos en estos tiempos de crisis. Si, es cierto que los funcionarios europeos disponen de unas prestaciones económicas y laborales que, comparadas con las de quienes viven en los países mediterráneos, son muy elevadas. Nadie puede negarlo. Pero como acabamos de ver, estas no son fruto de esquilmar a los estados europeos ni de corruptelas institucionales. Esta diferencia se explica porque forman parte de un sistema administrativo en el que priman la lógica, el mérito y la eficacia, donde se exigen altos requisitos para formar parte del personal, se controla el rendimiento de cada uno de los funcionarios y existe un Tribunal de Cuentas independiente que vela por el interés general, siguiendo el modelo de los países nórdicos. Quienes defienden estas acusaciones sin fundamento apelan no a la razón, sino al prejuicio, tan extendido en nuestro país (a veces justificadamente, todo hay que decirlo), de que aquellos que poseen mas que los demás solo han podido lograrlo merced de las corruptelas, nunca debido al esfuerzo o al trabajo duro.

Pero, ¿que es lo que Europa nos aporta? Lo más curioso es que España, uno de los países más europeístas, parece llegar tarde a todas partes. Y llegar al club comunitario no fue una excepción. El país se mantuvo al margen de la era dorada del estado del bienestar (1950-1970), aislado internacionalmente debido a la dictadura, y no llegó a entrar en la CEE hasta 1986. Y, aún con todo, España ha obtenido y obtiene mucho más de lo que invierte en Europa, como muchos otros países.

En 2017 España aportó 8.000 millones a la UE y a cambio recibió casi 10.000. Pero esto son solo cifras directas. Los beneficios indirectos (eliminación de tasas, no necesitar pasaporte para moverse por la UE, tarjeta sanitaria europea, poder acudir a los consulados europeos además de al de tu país, etc…) son mucho mayores. El mejor ejemplo son las obras públicas. Prácticamente la mitad del dinero que se invierte proviene de fondos europeos.

¿Y qué hay de las políticas de austericidio y la crisis de los refugiados? Estas son sin duda las grandes acusaciones que pesan a día de hoy sobre las instituciones europeas, ya que su actuación ante ambas crisis le ha generado el rechazo de muchos sectores de la población, tanto de izquierda como de derecha.

En relación a la crisis de los refugiados, la respuesta no puede ser más clara: la Unión Europea no es responsable de las políticas de inmigración, sino los Estados Miembros. Así es. Cualquiera que revise los tratados europeos verá que la inmigración no es competencia europea en ningún aspecto. Son los Estados Miembros los que establecen quien entra y quién sale de cada país, con las excepciones del Espacio Schengen. La única competencia en la que los estados han aceptado establecer un sistema común es en los mecanismos de devolución de inmigrantes. Por tanto, cada estado decide quien entra en su territorio y las condiciones para permanecer en él o ser expulsado. Luego los barcos llenos de deportados portan la bandera de la UE, los medios sacan fotos y todos conocen el resultado: las culpas que las cargue Europa, tanto por aceptar inmigrantes como por expulsarlos.

En cuanto a las recetas de austeridad contra la crisis, que tanto daño han supuesto para los ciudadanos europeos, ocurre algo similar. Oficialmente son las instituciones europeas las que tienen la competencia de tomar decisiones sobre la política económica europea, pero luego son una vez más los estados los que deben ejecutarla. Esto les proporciona un amplio margen de libertad para adaptar dichas políticas a sus agendas individuales. No tenemos más que echar un vistazo a nuestros vecinos para ver que cada país acaba aplicando su propia versión de las directrices de Bruselas: Grecia se opuso completamente y acabo obligada a aceptarlas. España se limitó a aplicar a rajatabla dichas directrices. Portugal ha optado por una vía negociada que le evite aplicar un programa que es contrario a sus intereses, mientras que Italia se encuentra ahora mismo en plena batalla con el Eurogrupo. Si los Estados Miembros tienen tanta libertad para aplicar las políticas de Bruselas, tendrán buena parte de la responsabilidad por los efectos que produzcan, ¿verdad?

Como hemos visto, son muchas las mentiras que se cuentan sobre la UE, tanto sobre su funcionamiento interno como por sus responsabilidades ante los desafíos que afronta el continente. La UE no es un agente desestabilizador ni una organización aislada del resto del mundo que dicta sus políticas para su propio provecho. No es más que una herramienta, que en principio está al servicio de los ciudadanos para proveerles unidad, seguridad y prosperidad. La crisis que atraviesa se debe más a los intentos de cada uno de sus Estados Miembros de aprovecharse de ella para sus intereses particulares en lugar de para el beneficio común. Pensemos en un barco con veintiocho tripulantes, cada uno agarrado al timón, queriendo orientar la nave al lugar que más le conviene, dando empujones a los demás e intentando amedrentarlos, en lugar de buscar un acuerdo para establecer una ruta común.

Este es el gran desafío que ha de superar la ciudadanía europea: encontrar soluciones comunes a los problemas que afectan a todo el continente. Debemos abandonar las políticas nacionalistas que solo buscan el beneficio de unos pocos, casi siempre a costa de los demás, y lograr establecer una verdadera unión política a través del consenso entre todos los países europeos, cuya legitimidad radique en haber sido elegida democráticamente por todos los ciudadanos.