La política migratoria británica: apretar la soga para los migrantes en el Canal
El pasado 20 de julio, Gérald Dermanin y su homólogo británico se encontraron a través de una videoconferencia para “luchar contra la inmigración clandestina en el Canal”, al día siguiente de batir un récord en términos de cruces irregulares en dicha frontera. Posteriormente a la discusión, ambos países adoptaron una declaración conjunta por la cual Francia deberá doblar sus efectivos policiales y de gendarmería a lo largo de su costa; se realizará un despliegue mayor de tecnología, en especial la vigilancia aérea, con el objetivo de limitar los cruces; se invertirá en equipos de securitización de la frontera para evitar los cruces por carretera; y se invertirá en centros de recepción de migrantes para proporcionarles una solución alternativa al cruce del Canal de la Mancha. Como recompensa, el Reino Unido se comprometió a invertir 64,5 millones de euros durante el periodo 2021-2022 para ayudar a Francia en su lucha contra la inmigración irregular.
Esta solicitud británica para reforzar los medios en la frontera francesa se ha producido al mismo tiempo que en Westminster se debate sobre el proyecto de ley Nationality and Borders Bill. La legislación prevé una revisión del sistema de asilo para disuadir a los migrantes de cruzar el Canal en pateras y pequeñas embarcaciones (small boats). Si este proyecto de ley fuera adoptado por el Parlamento británico, conseguir asilo en Reino Unido se haría aún más complicado para los migrantes que transitan Francia con dicho objetivo. Todo migrante que haya cruzado un considerado “tercer país seguro”, la solicitud de asilo podría declararse inadmisible. Los Estados miembros de la Unión Europea son considerados terceros países seguros, por lo que sería difícil para muchos migrantes que llegan por mar solicitar asilo en el Reino Unido. Esto seguramente tendrá una consecuencia colateral de aumentar el número de cruces irregulares.
Esta regulación también aumenta las penas para quienes entran de manera irregular al territorio británico de 6 a 12 meses de prisión, y de quienes facilitan y permiten dicha entrada de 14 años a cadena perpetua. Además, la Border Bill prevé un trato diferenciado entre las personas refugiadas en función de cómo llegaron al Reino Unido [1]. Esta ley pretende sancionar a quienes opten por entrar de manera irregular en el país, incluso a la hora de tramitar su solicitud de asilo. El contenido de la propuesta también prevé facultar a las autoridades competentes para «detener, abordar, desviar o detener» cualquier buque que consideren sospechoso de llevar a cabo un cruce irregular de la frontera británica.
Priti Patel ha vuelto a poner sobre la mesa este último punto en las últimas semanas. Según la agencia de prensa británica, Reuters, el secretario del Ministerio del Interior se ha aprobado un plan que permitiría a los guardacostas británicos devolver a Francia las embarcaciones de migrantes procedentes de sus costas y que hayan entrado en aguas territoriales británicas (esto es, de ejecutar devoluciones en caliente o push-backs). En un tweet publicado el 14 de septiembre, la organización supervisora del cumplimiento de los derechos humanos en el Canal, Channel Rescue, afirmó que contaba con pruebas de desviación de las pequeñas embarcaciones por parte de los guardacostas británicos.
En el vídeo y las fotos publicados en Twitter por Channel Rescue, es difícil describir de manera precisa las maniobras llevadas a cabo por motos de agua y las embarcaciones pertenecientes a la Fuerza Fronteriza británica, pero se identifican movimientos de cerco, que caracterizan las prácticas push-back. Un video publicado por SkyNews en su página web muestra con mayor claridad las maniobras de cerco y desvío en las que se está entrenando la Fuerza Fronteriza.
La decisión británica de aprobar esta medida de retorno de migrantes, claramente criticada por la oposición y las organizaciones defensoras de los derechos de personas migrantes, prosigue el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio entre Francia y Gran Bretaña destinado a reducir el número de cruces irregulares del Canal. No obstante, el número de cruces no descendió de manera significativa después de la firma de este acuerdo en julio. El 21 de agosto, cerca de 828 migrantes llegaron a la costa británica, un récord. Para el 6 de septiembre fueron otros 785. Priti Patel se halla bajo presión de una opinión pública que en 2019 votó recuperar el control de sus fronteras. Y los 12.000 migrantes que cruzaron el Canal hasta el mes de julio (mucho más que a lo largo de todo el 2020) no facilitaron su posición. Su credibilidad está en tela de juicio, por ello, tratando de dar un puñetazo en la mesa, anunció de manera sucesiva el Border Bill, la amenaza de suspensión de las subvenciones para Francia y la estrategia de devoluciones en caliente, para mostrar a la opinión pública que el control fronterizo estaba en el corazón de su agenda política.
El Gobierno francés invoca la ley marítima El Gobierno francés se apresuró a reaccionar a estos anuncios a través de su ministro de Interior, Gérald Darmanin, homólogo de Priti Patel. En un tweet que data del 9 de septiembre declaró: “Francia no aceptará ninguna práctica contraria al Derecho del mar, ni ningún chantaje financiero”, adjuntando en una carta a su homólogo británico que en “el mar, la salvaguarda de la vida humana prima sobre las consideraciones de nacionalidad, estatus político y migratorio, en estricto cumplimento del Derecho internacional marítimo que regula las operaciones de búsqueda y rescate en el mar”.
Una práctica inhumana La práctica de los pushback es inhumana. Las personas que se arriesgan a ser devueltas en caliente a manos de los guardacostas a menudo tratan de cruzar el mar en embarcaciones improvisadas que pueden volcar cuando son desviadas, por ejemplo, por las embarcaciones británicas. Sin embargo, lo más grave es que estas embarcaciones, una vez devueltas, tendrán que volver a cruzar el Canal de la Mancha, una de las rutas más transitadas del mundo, y también una de las más peligrosas. Al devolver en caliente estas embarcaciones improvisadas, los guardacostas británicos ponen en riesgo la vida de mujeres, niños y hombres. Esta decisión se caracteriza por una crueldad inconmensurable. Y, además de ser inhumana, es totalmente ilegal, como ha subrayado el propio Gérald Darmanin en sus numerosos comunicados. El artículo 98 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, ratificado por el Reino Unido el 25 de julio de 1997, establece que cada Estado deberá exigir a sus buques que presten asistencia a toda persona que se encuentre en peligro en el mar. Al desviar y, posteriormente, devolver las small boats, es evidente que el Reino Unido no presta auxilio a la embarcación en cuestión, más bien todo lo contrario, la está poniendo en peligro.
Francia, crítica habitual de las políticas migratorias británicas, no está exenta de culpa en materia de prestar asistencia a los migrantes en apuros. Recordemos el episodio del Aquarius en 2018. Este barco de búsqueda y rescate de SOS Méditerranée, carente de víveres, deambuló durante una semana por las costas europeas, con más de 600 personas a bordo, en pleno mes de junio. La Francia de Emmanuel Macron no estuvo a la altura de su apodo de “Patria de los Derechos del Hombre”, escondiéndose detrás de un silencio culpable que solo fue roto una vez España hubo permitido su desembarco, denunciando el “cinismo” y la “irresponsabilidad” por parte del Gobierno italiano de entonces. Del mismo modo, la política de hostigamiento de Gérald Dermanin hacia los migrantes después de su llegada a la Place Beauvau, entre desmantelamientos masivos de los campos de refugiados y la prohibición de la distribución de alimentos a los mismos, pone en cuestión la sinceridad de los sentimientos del ministro, evocados en sus declaraciones, hacia la vida de las personas migrantes.
Promesas británicas sobre la acogida de los migrantes afanos
Igual de cínica, Priti Patel por un lado construye con sus recientes decisiones una fortaleza en la frontera galo-británica, mientras que por otro, alaba la hospitalidad del Reino Unido para con los migrantes afganos. El Gobierno británico, representado por Dominique Raab, Leo Docherty y Priti Patel, ensalzó en una grabación los méritos de la Operación Warm Welcome, esto es, Calurosa Bienvenida, destinada a evacuar a los afganos que hubieran prestado servicios y trabajado para la corona británica en Afganistán, así como a los grupos considerados vulnerables, como las mujeres, niñas, minorías étnicas y religiosas, y la comunidad LGBITQ+. Este plan ha prometido a más de 15.000 afganos encontrar refugio en el Reino Unido desde el 13 de agosto de 2021. El doble rasero de Priti Patel en la cuestión migratoria, entre la inhumanidad de las medidas adoptadas sobre el Canal de la Mancha y los brazos abiertos a los afganos en las últimas semanas, demuestra la delicada situación política en la que se encuentra, pero también la poca consideración que tiene por las cuestiones éticas y humanas. Ha jugado con los sentimientos de un electorado de Boris Johnson, el cual exigía más firmeza en las cuestiones de control fronterizo, al mismo tiempo que se preocupaba por la situación de los afganos tras el retorno al poder de los talibanes, en detrimento de la vida humana. Este doble juego, aunque criticado por parte de la oposición y los grupos de derechos humanos, ha funcionado políticamente. De hecho, Priti Patel fue nombrada de nuevo por Boris Johnson durante la última remodelación del gabinete el 15 de septiembre.
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