El Pacto Verde Europeo llevó la esfera de la política medioambiental al corazón de la política europea. Sin embargo, algunos países miembros complican el proceso de coordinación de objetivos comunes. ¿Cómo es posible que la UE haya acordado la estrategia vinculante para la Europa de neutralidad climática hasta 2050 solo ahora?
El término abstracto de la integración europea cubre unos procedimientos complejos y dinámicos. La «integración» denota la cooperación que se va profundizando entre los países y las regiones. Al contrario a los procesos cooperativos, en los procesos integrativos los estados nacionales ceden una parte de sus competencias a un nivel más alto y supranacional. Los estados ya no pueden actuar de manera totalmente independiente. En el sistema de la UE, un ejemplo de tal cesión es la adopción de decisiones que rige la mayoría simple en caso de votación en el Consejo Europeo, o la primacía del derecho europeo frente el nacional.
¿Qué es «la integración europea»?
Junto a la Comisión Europea, el «motor de la integración europea» es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que garantiza la interpretación homogénea de las normas europeas en todos los países miembros de la UE y el respeto al derecho de la UE entre ellos mismos. Los tribunales nacionales le proporcionan su apoyo: denominados «tribunales europeos en el sentido funcional» aplican, como el Tribunal de Justicia, el derecho de la UE.
El objetivo de la integración europea es fomentar la cooperación entre los países miembros. Ya que ese es un procedimiento permanente con la solución abierta, podemos decir que nos encontramos justamente en la mitad del camino. La integración europea se desarrolla con cada adhesión de un nuevo país o con cada nuevo caso de cooperación bilateral entre los Estados miembros.
La política de lucha contra el cambio climático: ¿quién dispone de cuáles competencias?
Para entender la importancia de la política de lucha contra el cambio climático de la Unión Europea, hay que fijarse en el reparto de competencias en este ámbito. Se distingue entre tres tipos principales de las competencias. La política común es la esfera de las competencias exclusivas de la UE. En la política interestatal, las competencias son compartidas, así que la UE tiene derecho de participar en la toma de decisiones. Por último, el ámbito de las competencias de apoyo, del que forma parte, entre otros, la política de protección de medio ambiente. Aquí las tareas políticas se realizan en el aspecto regional: la UE no ofrece su apoyo hasta que, según las instituciones europeas, las actuaciones regionales no son suficientes y en el nivel comunitario se podría conseguir mejores resultados. En eso consiste el principio de subsidiariedad.
Entonces, la UE tiene herramientas que facilitan la intervención en el ámbito de protección del medio ambiente, por ejemplo en las cuestiones de contaminación de aire y agua, la gestión de residuos o la lucha contra el cambio climático. Desde que se creó el derecho europeo en ese ámbito en los setenta, se han adoptado cientos de decisiones, regulaciones y directivas. Gracias a ello, se regulan cuestiones como los criterios mínimos de inspecciones de medio ambiente o sanciones por acciones ilegales que perjudican el medio ambiente.
El derecho al aire limpio: ¿quién controla la implementación de las normas?
Sin embargo, el Parlamento Europeo ya varias veces ha expresado que la ejecución de las normas de política de medio ambiente no se realiza de manera suficiente. Pero el PE no tiene poder legislativo y no puede adoptar directivas o regulaciones. La acción legislativa pertenece únicamente a la Comisión. Los miembros del PE pueden requerir que la Comisión inicie el procedimiento legislativo, también en el Consejo de la UE, donde cuatro veces al año se reúnen los ministros de medio ambiente de los Estados miembros. Es el foro de discusiones y decisiones acerca de los proyectos legislativos de la Comisión.
Si los gobiernos de Estados miembros no ejecutan las decisiones europeas o las leyes nacionales no son suficientes, hay una posibilidad más de exigir que se lleve a la práctica la ley europea de medio ambiente: si una persona física, una asociación o una persona legal consiguen probar que sus derechos se ven violados, pueden dirigirse a los tribunales nacionales y mediante ellos exigir la aplicación del derecho europeo. El tribunal nacional comprueba tal reclamación y toma una decisión basándose no en el derecho nacional, sino en las normas europeas.
Las asociaciones como, por ejemplo, Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) se comprometen a realizar los derechos de consumidor y la protección del medio ambiente. En principios de 2020, la DUH demandó al gobierno alemán por sobrepasar los límites de contaminación del aire: la asociación sostuvo que Alemania, con sus acciones de entonces, violaba las vinculantes normas europeas que la comprometían a reducir los contaminantes. La reclamación será tratada en el Tribunal Administrativo Superior de Berlín-Brandenburgo. El DUH también demandó a las autoridades de los estados federales por violaciones en cuanto al valor límite del nitrógeno en el aire. Las quejas de este tipo ya han tenido éxito en más de 30 ciudades. La base jurídica es la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de junio de 2008, según la que existe el derecho al aire limpio.
Falta de apoyo político por parte de Estados miembros
Sascha Müller-Kraenner es el director ejecutivo en Deutsche Umwelthilfe e.V. Considera que la Unión dispone de más de suficientes competencias en el ámbito medioambiental. La inercia política se puede justificar por la falta de apoyo por parte de los Estados miembros. «La mayoría de los países miembros, en vez de comprometerse en la política medioambiental de alto estándar, aplica herramientas de cabildeo político dentro de las estructuras europeas, en favor de sus industrias nacionales». Müller-Kraenner nombra como un ejemplo las acciones de Alemania en el nombre de su industria de automóvil.
Klaus Röhrig, coordinador de la política medioambiental y de energía europea en Climate Action Network Europe (CAN), está de acuerdo: «Europa tiene que luchar varias batallas simultáneamente y es más importante que nunca que la UE actúe de manera coordinada, produciendo a la misma vez soluciones para luchar contra la pandemia de Covid-19 y respondiendo a la crisis económica y ecológica». Ya que los objetivos comunes encarnados en el acuerdo de París se realizan en el nivel de la Unión, según Röhring, las decisiones que se tomarán en los 10 años que vienen, serán las más significantes. Mientras tanto, Climate Action Network reclama la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de 65% hasta 2030, para poder frenar el ascenso global de temperaturas y mantenerlo en el nivel de los 1,5 grados Celsius.
¿Qué significa la política medioambiental para la integración europea?
Dado que la Unión Europea trabaja según el principio de subsidiariedad, los Estados miembros son principalmente responsables de ajustar sus estándares de protección de medio ambiente. Si suceden infracciones, los procedimientos de implementación final en los países miembros pueden tardar años. Además, lo problemático es que al mismo tiempo puedan suceder daños irreversibles en el medio ambiente, por ejemplo, por la causa de emitir dos gases de efecto invernadero en la atmósfera. A pesar de ello, Müller-Kraenner de DUH aplaude el potencial de la política de medio ambiente europea como un «proyecto de integración par excellence”. Sostiene que el apoyo por la política medioambiental común existe desde ya años en la mayoría de los Estados miembros. Röhrig también explica que la transición rápida hacia la economía neutral en el ámbito medioambiental limitaría el despilfarro de recursos y reduciría la contaminación. Además, tal transición podría llevar a unificar la Unión en el camino hasta realizar los objetivos de la política climática.
El objetivo de 55% de la Comisión
Hasta ahora, no se ha conseguido un acuerdo internacional en el Consejo Europeo. Hay que culpar mayormente a los jefes de Estados, para los que los intereses nacionales superan los objetivos climáticos. Para llegar a un acuerdo vinculante y, por lo consiguiente, obligar a todos los países a actuar, las propuestas han de prepararse y aprobarse por el Consejo de la UE. Este Consejo consiste de los ministros nacionales responsables de las políticas de sectores diversos: por ejemplo en el Consejo de Medio Ambiente (ENVI) se reúnen los ministros de medio ambiente de los Estados miembros. Dependiendo de los sistemas de votación, los ministros individuales pueden bloquear las decisiones y negarse a aprobar las propuestas de leyes.
También en el Consejo Europeo, donde los jefes de Estado y de gobierno se reúnen para determinar el rumbo político de la Unión, el veto tiene graves repercusiones. El 11 de diciembre se celebrará otra cumbre de la UE, en la que se votará el nuevo objetivo de la Comisión: una reducción del 55% de las emisiones hasta 2030. Los objetivos climáticos para 2030 deben aprobarse por unanimidad. Sin embargo, Polonia como país del carbón (donde el 80% de la electricidad proviene del carbón duro) ya lo está bloqueando, porque en términos de la política energética, lo que se requiere de Polonia es mucho más que de los otros. Una vez más, se critica a la canciller Angela Merkel por haber trasladado esta decisión al Consejo Europeo. En Deutschlandfunk, uno de los canales de noticias nacionales, se cita a una experta en cuestiones europeas del partido verde, que acusa al gobierno federal de conferir demasiado poder a los «países escépticos». En su opinión, esta es una táctica para proteger los objetivos climáticos nacionales de Alemania contra el ambicioso plan de Ursula von der Leyen —la presidenta de la Comisión— de la reducción de 55%. Si no hay acuerdo en el Consejo Europeo, no será necesario ajustar los objetivos climáticos nacionales. Sin embargo, otros países, como China y Japón, ya han presentado sus propios planes ambiciosos con el fin de alcanzar la neutralidad climática. Los años que vienen mostrarán el impacto de las decisiones políticas de la comunidad internacional sobre la crisis climática. Hasta entonces, podemos estar seguros de que la política medioambiental es una parte integral de la política europea.
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